Guerra arancelaria EE.UU.–China: historia, tregua y escenarios futuros (2018‑2025)

Introducción

En 2018, la relación comercial entre Estados Unidos y China entró en una fase conflictiva sin precedentes. La administración Trump impuso aranceles generalizados sobre bienes chinos valorados en 50 000 millones de dólares, alegando prácticas comerciales desleales. Pekín respondió con tarifas equivalentes sobre exportaciones estadounidenses. Lo que comenzó como medidas dirigidas a sectores concretos (electrónica, agricultura, automóviles) se convirtió rápidamente en una guerra arancelaria de cientos de miles de millones de dólares. Un breve armisticio en 2020 –el acuerdo de la “Fase Uno”– trajo alivio temporal: China se comprometió a comprar 200 000 millones de dólares en productos estadounidenses, aunque solo cumplió parte de esa meta. Pese a ello, el volumen de comercio se recuperó en 2022, cuando la administración Biden mantuvo los aranceles y endureció los controles de exportación sobre tecnologías sensibles.

A principios de 2024 y 2025, la tensión volvió a aumentar. Donald Trump regresó a la Casa Blanca y aplicó nuevas tarifas “recíprocas” que acumulaban un arancel total del 54 % sobre todas las importaciones chinas. China replicó con controles a la exportación de tierras raras y la inclusión de empresas estadounidenses en listas negras. Para abril de 2025, la guerra comercial se había convertido en un muro de aranceles: Estados Unidos imponía un gravamen medio del 126 % a los productos chinos y Pekín respondía con un 148 % promedio sobre las importaciones estadounidenses. Los costes se dispararon, las cadenas de suministro se tensaron y las presiones inflacionarias obligaron a ambas potencias a buscar una tregua.

Cronología de la escalada arancelaria

• 6 de julio de 2018: Estados Unidos impone un arancel del 25 % sobre bienes chinos valorados en 50 000 millones de dólares; China responde con tarifas equivalentes.

• 24 de septiembre de 2018: Washington aumenta los aranceles un 10 % sobre importaciones chinas por valor de 200 000 millones; Pekín contraataca con gravámenes a 110 000 millones de dólares, incluidos productos agrícolas.

• 2019: Tras el fracaso de las negociaciones en mayo, EE. UU. eleva del 10 % al 25 % los aranceles sobre 200 000 millones de dólares en importaciones chinas; China responde con tarifas de entre el 5 % y el 25 % y recortes a compras agrícolas.

• Enero de 2020: Se firma la “Fase Uno”. China promete aumentar en 200 000 millones de dólares sus compras de bienes estadounidenses y Estados Unidos reduce del 15 % al 7,5 % ciertos aranceles.

• 2022: Pese a la pandemia, el comercio bilateral repunta hasta casi 536 000 millones de dólares en importaciones estadounidenses y 154 000 millones en exportaciones a China. Sin embargo, la administración Biden endurece los controles a la exportación de chips avanzados.

• 2024–2025: Biden aumenta aranceles a vehículos eléctricos, paneles solares, acero y aluminio. Trump gana las elecciones y anuncia un arancel del 10 % sobre todas las importaciones chinas en febrero de 2025, seguido de un incremento adicional del 10 % en marzo. El 3 de abril declara el “Día de liberación arancelaria” con un aumento adicional del 34 % (54 % acumulado); China responde con demandas ante la OMC y controles a exportaciones de minerales estratégicos. A mediados de abril ambos países imponen aranceles medios superiores al 120 %.

La tregua de mayo–julio de 2025

Las tensiones y el impacto en los mercados llevaron a un inesperado alto el fuego. El 12 de mayo de 2025, EE. UU. y China acordaron en Ginebra una pausa de 90 días para frenar la última escalada. El pacto, en vigor del 14 de mayo al 12 de agosto, redujo temporalmente los aranceles: Trump suspendió 24 puntos porcentuales de su tarifa “recíproca”, de modo que las importaciones chinas enfrentarían un gravamen adicional del 10 % en lugar del 34 %. Pekín correspondió rebajando su tarifa de represalia del 34 % al 10 % y ambas partes cancelaron las subidas previstas que habrían elevado los aranceles hasta el 125 %. No obstante, la tregua no eliminó las capas de aranceles anteriores: las tarifas originales de la Sección 301 (25 % sobre 250 000 millones de dólares, 7,5 % sobre otros 112 000 millones) y los gravámenes sobre acero y aluminio siguieron vigentes, así como las represalias chinas de 2018–19.

Durante la tregua, el arancel medio estadounidense sobre productos chinos aún era del 51,1 % y el de China sobre bienes estadounidenses del 32,6 %, muy por encima de los niveles de principios de 2025. Además, ambas potencias acordaron congelar ciertos ataques no arancelarios: China suspendió controles de exportación de tierras raras y la designación de empresas estadounidenses como “entidades poco fiables”; EE. UU. retrasó algunas medidas, como el aumento previsto de los aranceles a envíos postales. Paralelamente se abrió un canal de alto nivel para abordar las fricciones económicas, liderado por el viceprimer ministro He Lifeng y el secretario del Tesoro Scott Bessent, lo que marcó el primer diálogo estructurado desde el acuerdo de 2020.

Motivos de la pausa

Ambos gobiernos tenían razones para retroceder. En EE. UU., la avalancha de abril encendió alarmas políticas y económicas: importadores y minoristas alertaron de subidas de precios y desabastecimiento, los mercados cayeron ante el temor de recesión y el presidente, pese a su retórica dura, necesitaba evitar dañar la economía y su base electoral agrícola e industrial. China, por su parte, enfrentaba una economía frágil y riesgos de despidos e inflación si los aranceles se mantenían. Además, Pekín lidiaba con presiones en otros frentes, desde el fentanilo hasta la sobrecapacidad industrial. Una pausa ofrecía oxígeno y la esperanza de evitar un colapso comercial total.

Escenarios tras el 12 de agosto

La tregua vence el 12 de agosto de 2025 y las opciones son inciertas. El artículo de Powerdrill identifica tres posibles desenlaces:

1. Retorno a la guerra total (snapback). Si no hay acuerdo ni prórroga, las tarifas suspendidas volverían automáticamente: EE. UU. restablecería la tarifa del 34 % sobre todas las importaciones chinas y China haría lo propio. Esto implicaría gravámenes medios superiores al 100 %, encareciendo la mayoría de los bienes hasta volverlos inviables. Consumidores estadounidenses podrían ver subidas de precios en teléfonos, electrodomésticos o ropa; las empresas que dependen de componentes chinos enfrentarían disrupciones y costes de relocalización, mientras que los fabricantes chinos perderían pedidos y podrían cerrar fábricas. Pekín podría reactivar vetos a materiales estratégicos y endurecer la regulación contra empresas estadounidenses. Políticamente, Trump insinuó que no concedería prórrogas, aunque parte de su discurso podría ser táctica negociadora.

2. Extensión de la tregua. Las partes podrían ampliar la pausa (30 o 90 días) para seguir negociando. Ello mantendría el arancel del 10 % en lugar del 34 %, evitando un choque inmediato y dando oxígeno a las empresas. Existen precedentes de prórrogas en la guerra comercial de 2019. Sin embargo, prolongar la incertidumbre puede generar malestar empresarial y críticas de que las conversaciones se estancan. Aun así, extender la tregua podría ser políticamente conveniente: mantener los aranceles moderados ayuda a estabilizar la economía y da tiempo para acercar posiciones. Incluso podría darse una extensión informal, sin anuncio, para evitar el pánico en los mercados.

3. Acuerdo parcial o progresivo. Otra vía sería un pacto limitado que evite el “snapback” pero no resuelva todo. China podría comprometerse a aumentar sustancialmente las compras agrícolas y energéticas, reforzar la protección de la propiedad intelectual o ampliar el acceso a sectores financieros. A cambio, EE. UU. podría congelar el arancel recíproco al 10 % o eliminar parte de los gravámenes de 2018. El campo agroalimentario es terreno fértil: un compromiso para adquirir 50 000 millones de dólares adicionales en maíz, soja y carne convencería al electorado agrícola estadounidense. También se barajan concesiones en subsidios industriales o transferencias tecnológicas, aunque son más complejas. Un acuerdo parcial podría incluir retiradas selectivas de aranceles a productos de consumo o aeronaves y facilitar la venta de servicios en la nube o chips menos sensibles.

Impacto sectorial

Semiconductores: la “guerra de los chips”

Los chips están en el epicentro de la confrontación. Además de los aranceles a componentes y equipos electrónicos –muchos al 25 % desde 2018–, EE. UU. ha impuesto controles de exportación cada vez más estrictos que prohíben vender a China chips avanzados y herramientas de fabricación. Pekín respondió restringiendo la exportación de galio y germanio, minerales cruciales para la producción de semiconductores. Esta escalada ha reducido las ventas de empresas como Nvidia o Qualcomm, cuyos ingresos procedentes de China cayeron casi un 30 % entre 2021 y 2024. Un retorno a aranceles del 34 % sobre productos electrónicos agravaría la fragmentación de la cadena de suministro: las compañías tecnológicas estadounidenses podrían acelerar la reubicación de ensamblaje a México o Vietnam para eludir los aranceles. China, por su parte, podría intensificar los subsidios a su industria de chips y ampliar los vetos a exportaciones de minerales o algoritmos, profundizando la brecha tecnológica y encareciendo la electrónica para los consumidores.

Vehículos eléctricos: innovación y proteccionismo

El sector de vehículos eléctricos (EV) es otro frente clave. China se convirtió en 2023 en el mayor exportador mundial de automóviles, impulsada por marcas como BYD y NIO. En 2018 Pekín aumentó al 40 % los aranceles a coches estadounidenses, perjudicando a fabricantes como Tesla. Posteriormente los redujo temporalmente al 15 %, pero las tensiones recientes han vuelto a ponerlos en el punto de mira. EE. UU. elevó en mayo de 2024 los aranceles a vehículos eléctricos y componentes relacionados alegando subsidios injustos. Sumados al arancel del 27,5 % existente y al arancel global del 25 % anunciado por Trump en abril de 2025, resultan casi prohibitivos para los EV chinos. Si la guerra arancelaria se reanuda y las tarifas alcanzan el 34 %, el mercado estadounidense quedaría prácticamente cerrado a los EV chinos. Los fabricantes chinos podrían responder montando plantas en México o el Sudeste Asiático para exportar sin aranceles, mientras Pekín podría presionar a Tesla y General Motors en su mercado local.

Una escalada también amenazaría la cadena de suministro de baterías: China domina la producción de celdas y el procesamiento de minerales como litio, cobalto y grafito. Aranceles elevados encarecerían los materiales catódicos y anódicos para las fábricas estadounidenses. China podría restringir exportaciones de ciertos materiales, lo que frenaría la expansión de la industria de baterías en EE. UU. y retrasaría la transición al vehículo eléctrico. En un escenario de prórroga o acuerdo parcial, ambos países podrían buscar un terreno común en materia medioambiental, permitiendo exenciones arancelarias para productos de energía limpia o estableciendo límites a los subsidios para evitar inundar mercados extranjeros. Datos recientes muestran la magnitud del sector: China exportó 3,2 millones de vehículos en 2022 y probablemente más de 4 millones en 2023, muchos de ellos eléctricos. Por el contrario, las exportaciones estadounidenses de autos a China cayeron en 2018–2019 y siguen siendo modestas.

Agricultura: el granero en la línea de fuego

Los productos agrícolas han sido moneda de cambio recurrente. Antes de la guerra comercial, China absorbía aproximadamente el 60 % de las exportaciones estadounidenses de soja y era gran comprador de sorgo, algodón y carne. Cuando Pekín impuso un arancel del 25 % sobre la soja en 2018, las exportaciones estadounidenses a China se desplomaron más del 70 %, generando excedentes y precios deprimidos en el Medio Oeste. El gobierno de EE. UU. destinó 28 000 millones de dólares en 2018-2019 para compensar las pérdidas. China sustituyó parte de esas compras con soja brasileña y argentina. El acuerdo de 2020 incentivó a China a reanudar las compras: en 2022 importó 40,9 mil millones de dólares en productos agrícolas estadounidenses, un récord.

Pero la escalada de 2025 vuelve a amenazar al sector. En abril, China suspendió importaciones de determinados productores avícolas y molinos de maíz estadounidenses y advirtió que restringiría más las compras agrícolas como represaliai. Si no hay acuerdo en agosto, se espera que China corte prácticamente todas las importaciones de soja, maíz y carne de EE. UU., imponiendo tarifas del 34 % o superiores. Esto dejaría a los agricultores estadounidenses con excedentes y caída de precios, mientras Brasil llenaría el vacío. Al mismo tiempo, cortar el suministro estadounidense no es gratis para China: su sector ganadero depende del alimento importado y un arancel elevado podría generar escasez y subir los precios domésticos. De ahí que, en un acuerdo parcial, las compras agrícolas sean la concesión más probable: China podría comprometer cuotas específicas de soja, gas natural licuado y carne, lo que Washington podría presentar como un logro político. También podrían abordarse barreras no arancelarias, como la aprobación de cultivos modificados o la eliminación de vetos sanitarios.

Análisis y perspectiva

Desde la perspectiva periodística, la guerra arancelaria EE. UU.–China es una pugna que trasciende lo comercial. Las tarifas han servido como herramienta de presión para cuestiones de propiedad intelectual, seguridad nacional y hegemonía tecnológica. La escalada de 2025 demuestra cómo el conflicto puede intensificarse rápidamente, arrastrando a sectores estratégicos como los chips y los vehículos eléctricos y afectando la vida de agricultores y consumidores. La tregua de mayo–julio refleja que ambos gobiernos reconocen los riesgos de una espiral fuera de control y necesitan tiempo para recalibrar.

El futuro dependerá de factores económicos y políticos. Una reanudación total de la guerra arancelaria podría acelerar la desacoplamiento económico y consolidar bloques rivales, impulsando la relocalización de cadenas de suministro y encareciendo bienes. Una extensión de la tregua proporcionaría estabilidad temporal pero mantendría la incertidumbre. Un acuerdo parcial ofrecería alivio a sectores específicos pero no resolvería el trasfondo de desconfianza y competencia geopolítica. Además, variables como la inflación estadounidense, la recuperación económica china, presiones de aliados y lobbies industriales pueden inclinar la balanza.

Para los periodistas que cubren esta historia, es crucial seguir de cerca las negociaciones y los movimientos políticos en Washington y Pekín, así como las reacciones de empresas y agricultores. La guerra arancelaria no solo es un enfrentamiento bilateral; sus repercusiones se sienten en cadenas de suministro globales, mercados de materias primas y la transición hacia tecnologías limpias. A medida que avance 2025, el desenlace de esta disputa arancelaria será un indicador clave del rumbo de la economía mundial.